El derecho a la alimentación es un derecho humano básico. Invertir en sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo rural significa emprender algunos de los principales desafíos globales de alimentar a la creciente población mundial a proteger el clima y abordar algunas de las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento.
Para ello, cada 16 de octubre se celebra El Día Mundial de la Alimentación que promueve la concienciación y la acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos.
Este año el lema utilizado para el Día Mundial de la Alimentación es “Alimentos inocuos, mejor salud”. El motivo es la elevada tasa de malnutrición que hay a nivel mundial: el hambre afecta hoy a más de 820 millones de personas. La malnutrición, con su doble cara de hambre y sobrepeso u obesidad, llega a casi 2000 millones que carecen de acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes.
En la región de América Latina y el Caribe, la prevalencia de sobrepeso está aumentando en todos los grupos de edad, especialmente en adultos y en niños en edad escolar. Es por ello por lo que el sobrepeso y la obesidad ha sido priorizada por varios países de la región en los últimos años. El foco de la cuestión está en cuidar los espacios y contextos en los que se adquieren y consumen alimentos. Las características que toman estos son fundamentales para explicar todas las formas de malnutrición.
Algunos países de América Latina y el Caribe innovaron en materia normativa y hoy es reconocida como una de las regiones más avanzadas por sus iniciativas de esta índole. Entre las diferentes áreas para trabajar se pueden mencionar los programas de alimentación escolar, como es en Chile y México; políticas fiscales para promover una alimentación adecuada, aplicando impuestos a bebidas azucaradas como en Brasil, Perú, México y Chile; regulación de la publicidad, siendo Brasil y Chile ejemplo de ellos; el etiquetado nutricional y el etiquetado frontal.
Los consumidores, para poder tomar opciones bajo su total responsabilidad, tienen el derecho de saber qué es lo que comen. Hoy, por distintas razones, la sociedad adquiere más productos procesados o ultraprocesados, y algunos de ellos presentan altas proporciones de sal, grasas y azúcar, que, en un consumo elevado, son perjudiciales para la salud. Es por ello que desde la FAO se apoyan a las políticas y marcos regulatorios que no sólo ayuden a su mejor educación nutricional, sino también les proteja de ambientes obesogénicos o publicidad engañosa que implique el consumo de alimentos poco nutritivos.
Carencia por acceso a la alimentación previo a la contingencia por la COVID-19
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el CONEVAL cada dos años: el porcentaje de la población nacional con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018, lo que representa en términos de la población total de 24.3 a 25.5 millones de personas. La población hablante de una lengua indígena fue el grupo de población con un mayor porcentaje de esta carencia. Entre 2008 y 2018, pasó de 42.3% a 33.7%.
Referencias bibliográficas:
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- Alza, C. (2016). El enfoque basado en derechos. ¿Qué es y cómo se aplica a las polí- ticas públicas? En L. Burgorgue-Larsen, A. Maués y B. Sánchez. Derechos humanos y políticas públicas. Barcelona: Red Derechos Humanos y Educación Superior.
- Barquera, Simón (2018, julio-agosto). Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. INSP Salud Pública de México, vol. 60, núm 4. Recuperado de http://saludpublica.mx/index. php/spm/article/viewFile/9615/11536.
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Cristopher Hurtado Solache
Especialista ICEL. Maestro en Nutrición Clínica.
Docente a nivel Pregrado y Posgrado en Nutrición
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