La evolución de la teoría clásica de la división de poderes en el que se concibe el poder único del Estado, en los tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha permitido que en la actualidad se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades; por lo que, ha permitido la creación de organismos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas a nuestra máxima ley.